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Invasiones atentan contra el ordenamiento jurídico y el estado de derecho
La invasión de espacios que por ley están reservados para plazas en el asentamiento Santa Ana, en barrio Obrero, ya es una problemática de varios meses que afecta a la ciudadanía pedrojuanina en general, siendo que la misma es ilegal y atenta contra el ordenamiento jurídico nacional y el estado de derecho, es por esa razón que la Municipalidad de Pedro Juan Caballero ha iniciado el proceso de desalojo respectivo ante los órganos jurisdiccionales correspondientes.

Locales: de de
notas

En ese sentido la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, rechaza toda maniobra utilizada por políticos inescrupulosos que incentivan contratando  y utilizando a grupos de personas necesitadas que sufren el problema de la tierra y otros que no pasan de ser unos avivados, a realizar invasiones de las plazas públicas de la ciudad y propiedades privadas en el Departamento de Amambay.

El espacio público supone pues uso social colectivo y multifuncional.

Su facultad de ser accesible a todos le otorga su rango de centro: todos acuden a una plaza por uno u otro motivo, ya sea para pasear; para conocer a otros; para comunicarse con otras partes del entramado urbano; para reunirse para manifestarse a favor o en contra de algo o realizar cualquier tipo de actividad comunitaria, por lo que está vinculada con la calidad de vida de la gente.

En ese sentido, el Art.1903 del Código Civil Paraguayo, es bien claro al estipular lo siguiente en relación a los bienes municipales:… estos pueden ser públicos o privados.

Bienes públicos municipales, son los que cada municipio ha destinado al uso y goce de todos sus habitantes, en concordancia con el Artículo 134. De la Ley 3966/10 Orgánica Municipal: Son bienes del dominio público, los que en cada municipio están destinados al uso y goce de todos sus habitantes, tales como:

a) las calles, avenidas, caminos, puentes, pasajes y demás vías de comunicación que no pertenezcan a otra administración;

b) las plazas, parques, inmuebles destinados a edificios públicos  y demás espacios destinados a recreación pública;

c) las aceras y los accesorios de las vías de comunicación o de espacios públicos a los que se refieren los incisos a) y b);

d) los ríos, lagos y arroyos comprendidos en las zonas urbanas del Municipio, que sirven al uso público, y sus lechos;

e) los que el Estado transfiera al dominio público municipal;

f) las fracciones destinadas para plazas, edificios públicos, calles y avenidas,  resultantes de loteamientos; y,

g) los bienes del dominio privado municipal declarados de dominio público, por ordenanza municipal, que deberán ser inscriptos en la Dirección General de los Registros Públicos.

En el caso excepcional en que alguno de estos bienes estén sujetos al uso de ciertas personas o entidades, deberán pagar el canon que se establezca.

Sin embargo, los espacios destinados a plazas, parques, calles y avenidas no podrán ser objeto de concesión para uso de particulares.

A fin de dar solución a la problemática, la Municipalidad está abierta a encarar acciones tendientes a asistir a estas familias una vez realizado el desalojo.

Con respecto al problema habitacional, el estado nacional, cuenta con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y hábitat que es la institución pública responsable de establecer, regir e implementar la política habitacional del país con énfasis en los sectores de escasos recursos.

 


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